Foto: Animal Político
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TABASCO.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) informó que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra la llamada "Ley Garrote", que trata de modificaciones al Código Penal de Tabasco y busca castigar los cierres en accesos a distintas obras públicas o privadas mediante la extorsión.

El titular de la CEDH, Pedro Calcáneo Argüelles, mencionó que tras la consulta pública vía redes sociales, correos electrónicos u oficios, se recibió de la ciudadanía 504 opiniones, entre las que sustentan con razones la necesidad de la acción de inconstitucionalidad o en contrario.

Comentó que el procedimiento puede ser largo, pero ya está en la cancha de la Corte el recurso interpuesto desde ayer, que además de la consulta pública se sustentó en un análisis técnico de la CEDH sobre las reformas al Código Penal.

Concluimos que era importante que la Suprema Corte decidiera si hay armonía entre los derechos de manifestación y de libertad de expresión y todo eso, con los tipos de conductas que se pretende contemplar en esta reforma.
Pedro Calcáneo

El organismo realizó la consulta pública del 4 al 20 de agosto, luego que el 29 de julio el Congreso del Estado aprobó las reformas, que entraron en vigor el 1 de agosto tras su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

La controvertida reforma ha contado con voces a favor y en contra, como la del presidente de la Coparmex estatal, Ricardo Castellanos, para quien la modificación legal fue para combatir la extorsión en zonas donde personas con armas blancas y una lía impedían entrar tanto a maquinaria como a trabajadores a los complejos petroleros y exigían el pago de un moche o cuotas para darles el acceso.

En tanto, el pasado 21 de agosto se dio a conocer una carta de tres relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que su gobierno interpusiera una acción de inconstitucionalidad contra la llamada "Ley Garrote".

El artículo 308 bis, objeto de la polémica, aprobado por el Congreso del Estado, señala que: “Al que extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas, e impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar, para la ejecución de trabajos u obras públicas o privadas en las vías y medios de comunicación de jurisdicción local al que se refiere el artículo 306, se le impondrá prisión de seis a 13 años.